En una audiencia, que tuvo lugar en Nueva York el 23 de febrero pasado, el juez Thomas Griesa permitió al fondo NML, representado por el ex procurador general de la Administración Bush «Ted» Olson, utilizar en forma inusual la llamada cláusula «pari passu» que, insertada en bonos de deuda, establece la igualdad entre distintos bonos. Griesa ignoró el derecho aplicable, así como el hecho de que quien demandaba no era un bonista afectado por la irremediable crisis de 2002, sino un fondo buitre que había adquirido esos bonos con posterioridad al default, en consecuencia, altamente descontados y en busca de un beneficio económico extraordinariamente lucrativo, luego de que la crisis se abatiera sobre la Argentina.
Hasta el pasado 23 de febrero, los sofisticados tribunales de Nueva York una y otra vez rechazaron la aplicación de esta teoría a los bonos argentinos, intentadas por NML a lo largo de la década pasada. La novedosa teoría consiste en interpretar la cláusula «pari passu» significando que cuando los países soberanos pagan el servicio de su deuda reestructurada (la cual por supuesto se emitió a descuento con respecto al valor nominal de la deuda en default) sin pagar contemporáneamente, en su totalidad, la deuda a ellos debida, violan la cláusula «pari passu».
NML, que es un fondo de inversión especializado en comprar deudas soberanas con alto riesgo de pago para luego entablar demandas y obtener ganancias extraordinarias, inventó en los años 90 esta novedosa interpretación de la cláusula «pari passu» como estrategia de litigio y probó su nueva arma contra Perú. Logró que un inexperto juez belga aceptara su interpretación y forzó al Estado peruano a aceptar sus usurarias pretensiones bajo riesgo de hacerle fracasar toda la operatoria de reestructuración de deuda. Mediante esa operatoria, NML tuvo una ganancia extraordinaria e inescrupulosa del 400%.
Aceptar la interpretación de NML significa violar la igualdad de los acreedores, pues interfiere con los derechos de la mayoría de los tenedores de bonos que en forma voluntaria reestructuraron su deuda: las medidas de reparación solicitadas por los fondos buitre hacen que se afecten los derechos de individuos e instituciones que participaron en la reestructuración de deuda soberana más grande de la historia y que éstos reciban los pagos de principal e intereses a los cuales tienen derecho. Los individuos e instituciones potencialmente afectados incluyen a los titulares de los aproximadamente
$ 75.000 millones de deuda en default que fue reestructurada exitosamente en las ofertas de canje de 2005 y 2010, incluidos inversionistas estadounidenses, como la Asociación de Maestros de los Estados Unidos, que entraron voluntariamente a la reestructuración de deuda ofrecida por la Argentina en 2010. Potencialmente, la medida podría incluso impedir a la Argentina cumplir con sus pagos a organizaciones internacionales en las cuales Estados Unidos tiene intereses, como el Banco Mundial, el FMI e -incluso- el mismo Club de París.
No es casual que el Gobierno de Estados Unidos haya descripto la teoría de este fondo buitre como de «novedosa», contraria a las políticas de Estados Unidos y violatoria de la Ley de Inmunidad Soberana de los Estados (FSIA en sus siglas en inglés), así como una amenaza injustificada a las reestructuraciones de deuda logradas en forma consensuada y ordenada y, en definitiva, un ataque injustificado a las instituciones financieras internacionales. La Reserva Federal de Nueva York, por su parte, tildó esta interpretación de la cláusula «pari passu» como «terrorismo de los sistemas de pagos y compensaciones y contrarios en virtud a las leyes de Nueva York.» Y El Banco de Inglaterra rechazó la teoría porque «las consecuencias de esta lectura serían de tal magnitud que tanto los deudores como los acreedores se verían perjudicados».
Si estos «fondos de inversión» tuvieran éxito contra la República, es indudable que esa decisión judicial sería invocada por los acreedores holdout en cualquier situación relacionada con el default de una deuda soberana en Europa, permitiéndoles interferir con cualquier reestructuración. Ésta es una amenaza muy real, no solamente con respecto a Grecia, sino también los demás países europeos que tambalean frente a la devastadora crisis actual, como España, Portugal e Irlanda. Ante la falta de un mecanismo regulado de reestructuración de deuda soberana, la reestructuración de hecho -como la llevada a cabo por la Argentina en 2005 y 2010- es la única solución que permite la continuidad de las relaciones contractuales y el mantenimiento de la pars conditio creditorum, es decir, la igualdad entre los acreedores. |
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