The Miami Herald
Jorge Heine
Jorge Heine
Los actos tienen consecuencias. Después de volver a nacionalizar una
parte de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), Argentina está
sintiendo la presión. Pero las ideas también tienen sus consecuencias.
Después de que el Washington Post, The Economist y The Wall Street Journal pusieron sobre el tapete una propuesta para suspender a Argentina en el G-20, dicha propuesta retomó fuerza.
El 11 de mayo el senador Richard Lugar, republicano por Indiana,
presentó una resolución que expresa el sentir del Congreso de que la
pertenencia de Argentina en el G-20 debería estar condicionada a su
“cumplimiento de las normas internacionales sobre relaciones económicas y
su compromiso con el estado de derecho”.
Ahora que el G-20, el “comité directivo de la economía mundial” se
prepara para su próxima cumbre que tendrá lugar en Los Cabos, México,
los días 18 y 19 de junio, es el peor momento para que ocurra esto.
En lugar de centrarse, como debería, sobre la crisis profunda de la
zona del euro y en la forma de impulsar un mayor crecimiento de la
economía mundial, ahora el G-20 está distraído por este espectáculo.
El hecho de que se trata de la primera vez que el G-20 se reúne en
América Latina —ocasión que podría haber sido propicia para la
presentación de propuestas concretas desde esta región en materia de
gobierno global— hace que esto sea realmente desafortunado.
Tras el fiasco de la Cumbre de Cartagena a causa del escándalo
generado por el servicio secreto el mes pasado, lo que menos necesita la
región es otra debacle diplomática.
Lugar tiene razón, ya que Argentina ha sido un tanto displicente en el manejo de sus obligaciones internacionales.
La Resolución 457 presentada por Lugar cita no sólo la
nacionalización de YPF, sino también la evasión de las sentencias de los
tribunales de EE.UU. Asimismo, cita en particular la indiferencia con
respecto a las demandas presentadas ante el Centro Internacional de
Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), dirigida por el
Banco Mundial, y el hecho de no someterse a una revisión por parte del
FMI.
Gran parte de todo esto se debe a las secuelas del default de Argentina en 2001, que llevó al país al borde del desastre.
Más de 10 años más tarde, ¿por qué Argentina se niega a someterse a los mandatos de las instituciones financieras internacionales?
Más de 10 años más tarde, ¿por qué Argentina se niega a someterse a los mandatos de las instituciones financieras internacionales?
Esta pregunta tiene fácil respuesta.
Muchos podrían argumentar que el motivo por el cual Argentina entró
en la mayor cesación de pagos de la historia —por un monto que asciende
hasta $100.000 millones, causando enormes trastornos económicos,
sociales y políticos— no fue porque no pudo aplicar los consejos del
Banco Mundial y el FMI, sino porque los aplicó.
En la década de los 90, durante la presidencia de Carlos Menem y el
ministro Domingo Cavallo, Argentina era la preferida de Washington y de
la comunidad financiera internacional, y no podía obrar mal.
Sin embargo, cuando la música se detuvo, todos ellos miraron hacia
otro lado, rechazando cualquier tipo de paquete de rescate, y dejando a
Argentina dando vueltas poco a poco en medio del viento.
Durante la última década, Argentina negoció con sus acreedores muy
tenazmente (los tenedores de bonos tuvieron que aceptar un recorte del
70%), limpió parte (aunque no la totalidad) de los escombros dejados
atrás, y aplicó un amplio programa para reactivar la economía.
El enfoque es poco ortodoxo e incluso insostenible a largo plazo,
pero no le ha ido tan mal, ya que en algunos años ha registrado un
crecimiento que asciende a entre 8 y 9 por ciento.
Como cabría esperar, el país se ha mantenido apartado de las
recomendaciones señaladas por los organismos financieros
internacionales.
La verdadera razón por la cual Argentina fue invitada a unirse al
G-20 (que en ese entonces era a nivel de Ministros de Finanzas) a
finales de los 90 fue porque era un país deudor y un “país
problemático”.
Sacar a relucir el tema de la adhesión al G-20 es abrir una caja de Pandora.
La propuesta de The Washington Post de reemplazar a Argentina con Chile es un espejismo.
Lo que menos necesita Chile es ingresar a uno de estos grupos por la puerta trasera.
Después de algunos arrebatos estridentes al inicio, España, cuya
compañía Repsol era el principal propietario de YPF, adopta ahora una
postura más cautelosa, en busca de una solución de compromiso.
Se vería un poco raro si el Congreso de los EE.UU. toma una actitud
“más papista que el papa” con respecto a Argentina en este asunto y, al
hacerlo, ensombrecer la primera reunión del G-20 que se celebra en
América Latina.
Jorge Heine es catedrático CIGI en Gobernanza Global en la Escuela
Balsillie de Asuntos Internacionales, de la Universidad Wilfrid Laurier
en Waterloo, Ontario. Es coautor, junto con Andrew Cooper, de Which Way Latin America? Hemispheric Politics Meets Globalization.
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