Del CIADI, Repsol y los Martínez de Hoz
En cada oportunidad en que la Argentina reacciona ante algún abuso o despropósito proveniente de capitales foráneos, surge entonces una figura amenazante. Nos referimos al CIADI.
Existe en la historia argentina una obsesiva
persistencia: la de argentinos defendiendo los intereses que son
contrarios a los de nuestro país. Un grupo minúsculo, pero siempre
presente, cuyos integrantes no dudan a la hora de intervenir como
especuladores y “traficantes de nuestra soberanía y porvenir”.
En este sentido, el apellido Martínez de Hoz se repite en distintas etapas de la historia. De hecho, un acaudalado comerciante, contrabandista y esclavista de nombre José Martínez de Hoz, estuvo presente en las deliberaciones del Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810 votando por la continuidad del virrey Cisneros. Según consta en actas, Martínez de Hoz no encontraba “bastantes datos para considerar necesaria la remoción del Excelentísimo Señor Virrey”. Esta postura, tan poco consustanciada con los intereses patrios, estaba en sintonía con la tesis sostenida por el entonces obispo de Buenos Aires, monseñor Benito de Lué y Riega, quien afirmaba que “aunque hubiese quedado un solo Vocal de la Junta Central (en Sevilla) y arribase a nuestras playas, lo deberíamos recibir como a la Soberanía”.
A mediados de la segunda mitad del siglo XIX, otro Martínez de Hoz, José Toribio, en 1866 fue uno de los fundadores de la Sociedad Rural Argentina, acontecimiento que, como señala Norberto Galasso, tuvo lugar en su propia residencia. Tiempo después, un nuevo José Martínez de Hoz, sobrino nieto del primero, recibió 2,5 millones de hectáreas del gobierno del “orden y progreso”, a cambio de aportar caballos y elementos bélicos a Julio Argentino Roca, para desalojar a los “salvajes” de sus tierras y llevar adelante un infame exterminio, tal como lo documentó Osvaldo Bayer.
Ya en el siglo XX, nuevamente aparece un José Alfredo Martínez de Hoz, presidiendo la Asociación de Criadores Argentinos de Shorthorn y, entre 1946 y 1950, presidente de la Sociedad Rural Argentina. Tal como sucedió con sus predecesores, también se paró en la vereda opuesta a los intereses nacionales, combatiendo al gobierno popular de Juan Domingo Perón. Quizás esto ayude a comprender la razón por la cual el Gral. Perón no asistía a las exposiciones que la Sociedad Rural Argentina organizaba anualmente. Imaginemos el significado que podía tener para un presidente elegido democráticamente asistir a un evento organizado y presidido por José Alfredo Martínez de Hoz.
Su hijo, también José Alfredo, llegó más lejos como defensor de los intereses foráneos. Fue miembro del Comité Internacional del Consejo de Administración del Chase Manhattan Bank. Al mismo tiempo, José Alfredo fue dos veces ministro de economía de la República Argentina, la última vez durante la dictadura cívico-militar genocida de 1976.
Como se puede apreciar, todo un árbol genealógico. Sin embargo, esta historia de quienes prefieren estar en la vereda contraria a los intereses de la nación no ha terminado aún.
Hace pocos días, el Congreso Nacional hizo ley la recuperación de YPF, aquella empresa que honró Enrique Mosconi, entre otros grandes que supieron defendernos. Sin embargo, en cada oportunidad en que la Argentina reacciona ante algún abuso o despropósito proveniente de capitales foráneos, surge entonces una figura amenazante. Nos referimos al CIADI.
El CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) es una institución del Banco Mundial con sede en Washington, cuyo objetivo principal es prestar servicios de conciliación y arbitraje sobre disputas por inversiones entre estados nacionales y empresas privadas multinacionales.
En realidad, y en otras palabras, es una institución del capitalismo al servicio del capitalismo neoliberal. Para hacerlo sencillo y comprender de una manera simple qué significa para nuestros intereses nacionales, basta saber quiénes son los que defienden los intereses que accionan contra nuestro país. A modo de ejemplo podemos mencionar algunos casos ventilados en el CIADI tales como: “El Paso Energy Internacional Company c/ República Argentina”; “Wintershall AG y Wintershall Energía SA c/ República Argentina”; “Enersis c/ República Argentina” y “Mobil Argentina SA c/ República Argentina”. En todos ellos, sus defensores son el Dr. José Alfredo Martínez de Hoz (h) y el estudio jurídico “Pérez Alati, Mariano Grondona (h), Benites, Arntsen y Martínez de Hoz (h)”, estudio que también integra el Dr. Pedro Eugenio Aramburu (h).
No es de extrañar entonces que el CIADI sea criticado desde distintas latitudes por las más variadas organizaciones nacionales e internacionales, por considerar que tiende a beneficiar a las empresas, en desmedro de los estados nacionales.
En consecuencia, teniendo claro cuáles son los intereses que defiende no será difícil deducir cuál será la ideología e intereses de quienes serán sus abogados. Me refiero a los de ellos, los de Repsol, no a los nuestros.
Ellos continuarán consustanciados con una regularidad histórica que asombra y asusta. Continuarán con la obsesiva persistencia de darle la espalda a los intereses nacionales. Naturalmente, en un país libre y democrático como el nuestro tienen el derecho a hacerlo. El mismo derecho que nos asiste a nosotros para darlo a conocer y ponerlo en evidencia.
En este sentido, el apellido Martínez de Hoz se repite en distintas etapas de la historia. De hecho, un acaudalado comerciante, contrabandista y esclavista de nombre José Martínez de Hoz, estuvo presente en las deliberaciones del Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810 votando por la continuidad del virrey Cisneros. Según consta en actas, Martínez de Hoz no encontraba “bastantes datos para considerar necesaria la remoción del Excelentísimo Señor Virrey”. Esta postura, tan poco consustanciada con los intereses patrios, estaba en sintonía con la tesis sostenida por el entonces obispo de Buenos Aires, monseñor Benito de Lué y Riega, quien afirmaba que “aunque hubiese quedado un solo Vocal de la Junta Central (en Sevilla) y arribase a nuestras playas, lo deberíamos recibir como a la Soberanía”.
A mediados de la segunda mitad del siglo XIX, otro Martínez de Hoz, José Toribio, en 1866 fue uno de los fundadores de la Sociedad Rural Argentina, acontecimiento que, como señala Norberto Galasso, tuvo lugar en su propia residencia. Tiempo después, un nuevo José Martínez de Hoz, sobrino nieto del primero, recibió 2,5 millones de hectáreas del gobierno del “orden y progreso”, a cambio de aportar caballos y elementos bélicos a Julio Argentino Roca, para desalojar a los “salvajes” de sus tierras y llevar adelante un infame exterminio, tal como lo documentó Osvaldo Bayer.
Ya en el siglo XX, nuevamente aparece un José Alfredo Martínez de Hoz, presidiendo la Asociación de Criadores Argentinos de Shorthorn y, entre 1946 y 1950, presidente de la Sociedad Rural Argentina. Tal como sucedió con sus predecesores, también se paró en la vereda opuesta a los intereses nacionales, combatiendo al gobierno popular de Juan Domingo Perón. Quizás esto ayude a comprender la razón por la cual el Gral. Perón no asistía a las exposiciones que la Sociedad Rural Argentina organizaba anualmente. Imaginemos el significado que podía tener para un presidente elegido democráticamente asistir a un evento organizado y presidido por José Alfredo Martínez de Hoz.
Su hijo, también José Alfredo, llegó más lejos como defensor de los intereses foráneos. Fue miembro del Comité Internacional del Consejo de Administración del Chase Manhattan Bank. Al mismo tiempo, José Alfredo fue dos veces ministro de economía de la República Argentina, la última vez durante la dictadura cívico-militar genocida de 1976.
Como se puede apreciar, todo un árbol genealógico. Sin embargo, esta historia de quienes prefieren estar en la vereda contraria a los intereses de la nación no ha terminado aún.
Hace pocos días, el Congreso Nacional hizo ley la recuperación de YPF, aquella empresa que honró Enrique Mosconi, entre otros grandes que supieron defendernos. Sin embargo, en cada oportunidad en que la Argentina reacciona ante algún abuso o despropósito proveniente de capitales foráneos, surge entonces una figura amenazante. Nos referimos al CIADI.
El CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) es una institución del Banco Mundial con sede en Washington, cuyo objetivo principal es prestar servicios de conciliación y arbitraje sobre disputas por inversiones entre estados nacionales y empresas privadas multinacionales.
En realidad, y en otras palabras, es una institución del capitalismo al servicio del capitalismo neoliberal. Para hacerlo sencillo y comprender de una manera simple qué significa para nuestros intereses nacionales, basta saber quiénes son los que defienden los intereses que accionan contra nuestro país. A modo de ejemplo podemos mencionar algunos casos ventilados en el CIADI tales como: “El Paso Energy Internacional Company c/ República Argentina”; “Wintershall AG y Wintershall Energía SA c/ República Argentina”; “Enersis c/ República Argentina” y “Mobil Argentina SA c/ República Argentina”. En todos ellos, sus defensores son el Dr. José Alfredo Martínez de Hoz (h) y el estudio jurídico “Pérez Alati, Mariano Grondona (h), Benites, Arntsen y Martínez de Hoz (h)”, estudio que también integra el Dr. Pedro Eugenio Aramburu (h).
No es de extrañar entonces que el CIADI sea criticado desde distintas latitudes por las más variadas organizaciones nacionales e internacionales, por considerar que tiende a beneficiar a las empresas, en desmedro de los estados nacionales.
En consecuencia, teniendo claro cuáles son los intereses que defiende no será difícil deducir cuál será la ideología e intereses de quienes serán sus abogados. Me refiero a los de ellos, los de Repsol, no a los nuestros.
Ellos continuarán consustanciados con una regularidad histórica que asombra y asusta. Continuarán con la obsesiva persistencia de darle la espalda a los intereses nacionales. Naturalmente, en un país libre y democrático como el nuestro tienen el derecho a hacerlo. El mismo derecho que nos asiste a nosotros para darlo a conocer y ponerlo en evidencia.
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