Edición Nacional, 5 de mayo de 2012, pág. 4
El
Dr. Leandro Morgenfeld, investigador del CONICET y profesor en una
maestría sobre Historia Económica, analizó para Edición Nacional la
expropiación de YPF.
Con
la promulgación de la ley que nacionaliza a la empresa YPF, el enfoque
pasa ahora por el acuerdo indemnizatorio con Repsol y por la inversión a
realizar para lograr el autoabastecimiento.
Ya convertida en ley, ¿qué opinión le merece la nacionalización de YPF?
Estoy
de acuerdo con la medida, ya que era muy necesaria. Aunque hay que
decir que fue adoptada tardíamente, porque se produjo un vaciamiento de
la empresa y un reparto de utilidades y no inversión sistemática desde
que entró Repsol en el año 1998. Esta medida es de una nacionalización
parcial. Es necesaria, es tardía, pero es parcial, porque lo que se
constituye por ahora es una empresa mixta donde el Estado controla el 51
% de las acciones.
Entonces, ¿estamos hablando no de una estatización sino de una nacionalización con capitales estatales y privados?
Exacto.
Pero el problema a mi juicio es que sigue siendo una sociedad anónima,
sólo que el Estado pasa ahora a controlar la mayor parte del paquete
accionario. Me parece que ese es un primer problema. Habría que avanzar
hacia una estatización de la empresa, como fue en sus orígenes en 1922,
una firma 100 % estatal.
Una
de las críticas de la oposición es que al seguir siendo una sociedad
anónima quedaba fuera de las auditorias que se hacen sobre los
organismos estatales. ¿Crees que este punto es una traba para el
desarrollo de la empresa?
Sí,
y por varios motivos. Si es una empresa que opera en bolsa y que tiene
que manejarse como una sociedad anónima, en ese caso el Estado aunque
tiene la mayoría de las acciones sigue manejándose con la lógica de una
empresa privada donde se va a privilegiar el reparto de utilidades en
vez de la inversión. Eso sistemáticamente ocurrió durante los últimos 15
años por lo menos. Es decir, este es un problema que la empresa no sea
100 % estatal.
¿Qué sucede con el porcentaje de acciones que está en manos de los Ezkenazi?
Todavía
está por verse qué va a pasar con el 25 % de la empresa que posee el
grupo Petersen, es decir la mitad de las acciones que no controlaría el
Estado ahora. Es un grupo que entró hace 3 años a la empresa sin poner
un peso y tiene una deuda de casi 3.000 millones de dólares. El tema es
cómo va a pagar esas acciones, si lo seguirá haciendo con el reparto de
utilidades como se venía realizando hasta ahora. El vaciamiento tiene
que ver justamente con que se repartían el 90 % de las utilidades y
había una bajísima inversión y parte de esa distribución de ganancias la
utilizaba justamente el grupo Petersen para pagar esas acciones que
había comprado a Repsol.
Y
con relación a la petrolera española, ¿cuál crees que es el precio
justo que se debe pagar de indemnización?, ya que se habla de los daños
ambientales, el vaciamiento, la desinversión, etc.
Creo
que sería importantísimo que el gobierno no destine ningún dinero para
pagar por una empresa que fue vaciada y que giró mucho más utilidades de
lo que pagó Repsol.
Desde 1998, en estos 14
años, se giraron utilidades por más de 12.000 millones de dólares.
Algunos incluso dicen que más de 15.000 millones, es decir, más de lo
que pagó la empresa. Además Repsol registra una deuda oficial a
diciembre del año pasado de 8.000 a 9.000 millones de dólares.
¿Cuál es el estado de la empresa hoy?
Además
de no haber invertido, por lo cual cayó 30 % en promedio la producción
de petróleo y más la de gas, de haber girado utilidades, sacado
ganancias, no reinvertido para nuevas exploraciones, la empresa está
híper endeudada. Es decir que si uno toma los pasivos de la empresa, el
vaciamiento que se produjo más los daños ambientales que están
contemplados por la ley argentina, lo más probable es que Repsol tenga
que pagarle al Estado argentino. Por lo tanto, si se hace una auditoría
seria del valor de la empresa, daría que no hay que pagarle nada a
Repsol.
¿Es factible una catarata de juicios como muchos dicen?
Repsol
empezó pidiendo un disparate y ahora habla de un precio justo. Bajó,
digamos, las primeras pretensiones. Seguramente acudirá al CIADI y a
otros organismos para tratar de lograr una negociación y cobrar lo más
que pueda. Pero desde el punto de vista de los intereses nacionales no
correspondería pagarle nada y utilizar los dineros públicos para
enfrentar el gran problema que viene por delante que es cómo volver a
lograr el autoabastecimiento del petróleo.
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