Corrupción y libertad de expresión, en un informe del gobierno de EE.UU.
Por Ana Baron (Clarín)
Habla del ataque a los medios críticos. Y de la “debilidad de las instituciones” locales.
Washington Corresponsal
El capítulo “Argentina” del Informe anual sobre los derechos
humanos dado a conocer dado a conocer ayer por la Secretaria de Estado
Hillary Clinton contiene este año una novedad. Al inicio del capítulo
hay una síntesis sobre las “preocupaciones mas importantes” que tiene la diplomacia estadounidense con respecto a la situación de los derechos humanos en nuestro país qu e incluye por primera vez el tema de la libertad de prensa.
Entre
las otras preocupaciones que menciona esta síntesis del Departamento
aparece la corrupción. El informe dice que los informes de la prensa
argentina sobre “funcionarios de los tres poderes envueltos en prácticas corruptas sugieren “una falla en la aplicación efectiva de la ley”.
En su sección cuarta, el documento dice que en el país, “la debilidad de las institucione s y un frecuentemente inefectivo y politizado sistema judicial minan sistemáticamente los intentos por moderar la corrupción”.
Entre los casos que enumera , sobresale el del desvío de fondos públicos para la construcción de viviendas populares de la Fundación de las Madres de Plaza de Mayo, o el caso Schoklender y el proceso por dádiva s contra el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, que, dice, “permanece abierto”.
Además,
hay una serie de temas que ya figuraban en informes anteriores como el
abuso policial, las malas condiciones en las prisiones, el maltrato de
los prisioneros o la ineficiencia y la manipulación política del sistema judicial.
Si
bien en el subcapítulo dedicado propiamente a la libertad de prensa
deja en claro que en nuestro país hay diarios, radios y televisiones
independientes muy activas, que “expresan una amplia variedad de puntos
de vista”, el informe recoge las preocupaciones de IAPA (siglas en
inglés de la SIP), y otras organizaciones sobre “la relación conflictiva del gobierno con ciertos medios y la censura indirecta”
reproduciendo su llamado a “que termine la escalada de agresión contra
los medios críticos (del Gobierno)... la presión sobre el sistema
judicial en casos relacionados con los medios y el abuso administrativo
de Papel Prensa”.
Este año como en años anteriores, la diplomacia estadounidense siempre cita terceras fuentes y no utiliza ningún adjetivo propio.
Pero lo interesante es la selección de temas que hace.
Así, el informe denuncia “el bloqueo de las plantas de Clarín y La Nación,
dos de los diarios mas leídos de la Argentina, en violación de un fallo
civil judicial del 2010 y la orden que le dio el Directorio de
Mercado Central a sus empleados para que usen “gorros que decían Clarín
miente, en respuesta a un artículo de ese diario” , como también el
“cartel colocado en el frente del Mercado con el mismo mensaje y el
cierre de dos puestos de diarios “porque no cumplían con la reglas del
mercado central”.
“Nosotros estamos al tanto, no solamente en el
caso de Argentina sino de un grupo más grande (de países), de una gama
de métodos de censura indirecta que un número de gobiernos están usando
para afectar la libertad de expresión” dijo subsecretario adjunto para
la democracia, los derechos humanos y trabajo, Michael Posne cuando se
le pregunto ayer por el caso Clarín.
En algunos casos son
amenazas directas y acoso, en otros restricciones al papel de prensa, o
leyes sobre calumnias, o restricciones en las licencias de estaciones de
televisión.
En el subcapítulo titulado “Censura o restricción
de contenidos”, la diplomacia estadounidense afirma que durante el 2011,
los gobiernos nacionales, provinciales y municipales no publicaron la
información completa sobre la cantidad y el destino de los fondos
públicos para la publicidad. Cita de IAPA y otras organizaciones sobre
el uso discriminatiorio de la publicidad oficial para recompensar o castigar a los medios, haciendo referencia al caso Perfil.
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