Dura crítica de EE.UU. al Gobierno y la Justicia
Cuestionó las presiones a la prensa y la impunidad de los funcionarios
WASHINGTON.- La denuncia por fraude contra el ex administrador de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, la campaña conocida como "Clarín miente" y las presiones del Gobierno contra la libertad de expresión
quedaron fuertemente reflejadas ayer en el extenso capítulo que el
gobierno de Barack Obama destinó a evaluar la situación de la Argentina
en materia de derechos humanos.
El habitual diagnóstico que el Departamento de Estado
hace sobre la situación de los derechos humanos en el mundo tiene este
año 25 páginas con consideraciones respecto de la Argentina. Y menciona
las denuncias de entidades civiles sobre sospechas de parcialidad en
procedimientos judiciales. El documento, que presentó Hillary Clinton,
cita, entre los casos aún no cerrados, los que involucran a los fondos de campaña de Cristina Kirchner, cuyo expediente lleva ya varios años, y la investigación por fraude del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime.
El único juez federal que se identifica por su nombre
es el controvertido Norberto Oyarbide, de quien recuerda que tiene a su
cargo la causa por los fondos de campaña de Kirchner . "En 2008 acusó a
su entonces jefe de campaña, Héctor Capaccioli, por su participación en
la trama, pero el juicio aún estaba pendiente a fin de año [2011]",
detalla el informe.
"La combinación de debilidad institucional y un sistema
judicial a menudo politizado e ineficaz diminuyen las posibilidades de
combatir la corrupción", describe el texto.
Al contestar preguntas de LA NACION, el secretario
adjunto para Derechos Humanos y Democracia del Departamento de Estado,
Michael Posner, aseguró que el gobierno de Obama está "muy atento, no
sólo en la Argentina, sino también en todo el mundo, sobre la amplitud
de métodos que tienen los gobiernos para aplicar censura" a la libertad
de expresión.
"A veces se aplican amenazas directas", dijo, pero en
otros casos puede ser que esa presión se efectúe como "recursos
indirectos" pero legales, como por ejemplo la concesión de licencias.
"Creemos firmemente en la libertad de expresión en
todas sus formas y llamamos a los gobiernos a ser especialmente
respetuosos en ese aspecto", dijo Posner, quien dialogó especialmente
con corresponsales extranjeros para presentar el informe.
En su introducción, el documento identifica como "los
principales problemas" de la Argentina en materia de derechos humanos al
"uso excesivo de la fuerza policial, que a veces derivó en muertes;
acciones que amenazan la libertad de prensa, y la infracción continua de
los derechos de los pueblos indígenas", así como la "corrupción
oficial".
Recoge luego presiones contra la prensa y "acciones
indirectas de censura", entre las que cita el bloqueo a la salida de los
diarios LA NACION y Clarín, sumado a la complicidad policial que nada
hizo -expresa- para "garantizar" el derecho a la libre circulación de
prensa.
Cita, asimismo, el despliegue de la campaña "Clarín
miente" en edificios públicos, como por ejemplo el Mercado Central, "una
entidad administrada en conjunto por los gobiernos de la ciudad y de la
provincia de Buenos Aires", o el hecho de que "se obligara a sus
empleados a usar gorras" con la misma leyenda.
La descripción de la campaña no llega, sin embargo, a
incorporar el caso de las medias con la citada leyenda que se
distribuyeron, días atrás, durante la gira de Cristina Kirchner por
Angola, porque para entonces el detallado informe estaba ya cerrado.
En el mismo apartado referido a la condición de la
libertad de expresión y de prensa en el país, el documento menciona las
denuncias por "arbitraria" distribución de la publicidad oficial. En ese
punto, suma entre los perjudicados al diario Perfil.
Cita también la disposición judicial para que editores
de determinados diarios "informen la identidad" de los periodistas que
informan sobre índices de inflación alternativos al oficial, que
supervisa el secretario de Comercio, Guillermo Moreno. "El índice
oficial de inflación ha sido denunciado periodísticamente como
impreciso."
Asimismo, en las denuncias sobre corrupción política,
debilidad institucional y la falta de independencia judicial, cita
especialmente el supuesto "fraude con fondos públicos" cometido por
Sergio Schoklender, el ex administrador de la Fundación Madres de Plaza
de Mayo.
El informe avanza en precisiones sobre el caso e
incluye la acusación del ex apoderado en el sentido de que "hubo
corrupción del Gobierno" en la administración de fondos públicos para la
construcción de viviendas sociales que, en realidad, "se usaron para
financiar gastos de campaña política" y que los proyectos se otorgaban
"sobre la base de coimas".
Recuerda que hay casi US$ 200 millones en dinero de los
contribuyentes de por medio y, al igual que en el caso de la
financiación de campaña de Kirchner, recuerda que el caso "aún sigue
abierto".
Posner, en tanto, recordó que Madres de Plaza de Mayo
"es una entidad que tuvo un trabajo reconocido" en años difíciles de la
Argentina. "No haremos comentarios adicionales porque el caso aún se
está ventilando judicialmente", añadió, ante una pregunta de LA NACION.
El texto recuerda entre los casos aún irresueltos el de
supuesta financiación irregular de la campaña de Cristina Kirchner,
destapado en 2007, y el del ex secretario de Transportes, Ricardo Jaime.
En este capítulo subraya especialmente las quejas de
organizaciones no gubernamentales por "negación arbitraria" del derecho a
la información, pese a que se encuentra reconocido por ley.
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